La
Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano ha pedido a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Banco de España que apliquen un
sistema que clasifique los productos financieros por su riesgo y complejidad.
Se trataría de que las entidades comercializadoras elaboren una ficha
informativa para cada producto antes de su distribución entre el público.
Además,
la protección al cliente debería completarse con la elaboración de un contrato
tipo de intermediación en la compraventa de productos financieros en el que se
deberían incluir los avisos de riesgo. Para Cava de Llano, un sistema efectivo
podría ser, por ejemplo, un código de colores sencillo e intuitivo, como los
que utilizan los semáforos, en el que el verde indicara un riesgo bajo, el
amarillo un riesgo medio y el rojo un riesgo alto.
Con
esta propuesta, la Defensora pretende que cualquier inversor, con independencia
de su formación, disponga en el momento de la firma de la ficha informativa del
producto y el contrato tipo predispuesto por la CNMV, en el que justo encima
del lugar reservado a la firma del cliente, se recogiera el aviso de riesgo
sobre la peligrosidad del producto.
En
opinión de la Institución, la libertad de creación de productos financieros y
el acceso del público a los mercados crea el riesgo de adquirir productos no
adecuados y refuerza la necesidad de proteger al inversor.
La práctica ha demostrado que los
deseables parámetros de claridad y transparencia que deben presidir las
relaciones entre las entidades y sus clientes no siempre se dan. De hecho, ha
habido casos de distribución abusiva de productos complejos de alto riesgo
entre inversores minoristas. El caso más notorio es el de las participaciones
preferentes, que siendo híbridos financieros de alto riesgo, se han distribuido
en muchos casos como si fueran depósitos.
Los
supervisores financieros de Reino Unido, Bélgica y Portugal ya trabajan en esta
línea, después de que la Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA) esté
estudiando una metodología para clasificar los diversos instrumentos
financieros, con el fin de poder avisar a los inversores sobre aquellos
productos que pueden constituir una seria amenaza para su patrimonio, pudiendo
llegar a prohibir temporalmente la comercialización de los mas complejos y
arriesgados.
En la actualidad, la institución tiene abierta una invetsigación de oficio ante la CNMV tras recibir numerosas quejas de pequeños ahorradores que denuncian que bancos y cajas les vendieron participaciones preferentes y deuda subordinada sin la debida información.









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